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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2010, la Responsabilidad Penal será exigible a las empresas por aquellos delitos cometidos, en su nombre y provecho, por sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales, empleados o dependientes.

Con la reforma de nuestro Código Penal en 2010, el axioma por el cual se establecía que las personas jurídicas no podían delinquir, ha sido sustituido por un régimen de responsabilidad penal en el que las organizaciones serán responsables de los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho, sus representantes legales, sus empleados o dependientes, siempre y cuando actúen en nombre o por cuenta de la organización y ésta obtenga un beneficio directo o indirecto de dicha actuación.

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Es decir, que podrán ser sancionadas penalmente cualquier empresa, entidad o agrupación de personas que ostenten personalidad jurídica, excepto el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público, aquellas que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

Asimismo, las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas de multa por cuotas o proporcional y/o la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

La introducción en nuestro ordenamiento jurídico de este nuevo régimen de responsabilidad penal, supone un reto para el gobierno corporativo de las organizaciones y la gestión de los riesgos penales que les puedan afectar.

En este sentido cabe señalar, que más allá de las posibles consecuencias penales que la condena por un hecho delictivo pueda acarrear en las personas jurídicas, que puede, incluso, llegar a suponer la disolución de la entidad, la mera imputación y, no digamos ya, la acusación por la comisión de uno de estos delitos ocasionaría un enorme impacto en su reputación, cuyos efectos podrían llegar a afectar a la misma continuidad del negocio.

Nos estamos refiriendo a situaciones en las que una organización cuya actividad principal sea, por ejemplo, proporcionar servicios financieros a sus clientes, sea imputada por la comisión de un delito de estafa, descubrimiento, revelación de secretos o blanqueo de capitales, entre otros. En este caso, la mera imputación del delito podría afectar gravemente a la confianza de sus clientes pudiendo ocasionar graves pérdidas económicas a dicha entidad.

Hasta la fecha, nuestro Código Penal únicamente preveía una serie de circunstancias atenuantes que podían ser alegadas por las empresas una vez cometido el delito, entre ellas, se encuentran las de haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Es decir que aun habiendo implantado un modelo de gestión del riesgo penal para la prevención de delitos en la organización, las empresas únicamente pueden aspirar a que su pena fuera atenuada en la medida en que puedan acreditar lo anterior.

Con el proyecto de reforma del Código Penal, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de enero y cuya aprobación definitiva se prevé en las próximas fechas, aquellas organizaciones que tengan implantado eficazmente un sistema o modelo de gestión para la prevención de delitos, podrán utilizarlo como argumento exculpatorio con el objeto de que se les declare exentas de la responsabilidad penal que se les pudiera atribuir.

En este sentido y como ya habíamos informado en nuestro post anterior la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal, establece los requisitos que deberán cumplir los modelos o sistemas de gestión para la prevención de delitos que implanten las empresas, para conseguir el objetivo de quedar exentas ante la posible comisión de delitos en su nombre y beneficio, por parte de sus miembros.

Autor:
Enrique Peloche
Departamento de Organización y Sistemas
Prysma

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