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LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS EMPRESAS

AENOR ha elaborado una especificación certificable cuyo propósito es definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de riesgos que sirva como medio de prevención de delitos que puedan cometerse en las organizaciones.

Con la última reforma de nuestro Código Penal, cuya aprobación final se prevé en abril del presente año, el legislador ha dado el espaldarazo definitivo a los sistemas de gestión para la prevención y, en su caso, disminución o reparación de los efectos provocados por los delitos cometidos por cuenta y provecho de las personas jurídicas.

Concretamente el texto que fue aprobado el pasado 21 de enero por el Congreso de los Diputados y cuyo contenido se puede visualizar aquí, establece en su artículo 31 bis que:

Las organizaciones podrán quedar exentas de los delitos cometidos, en su nombre y provecho, por sus representantes, empleados o dependientes, cuando acrediten que, entre otros, han adoptado y ejecutado eficazmente modelos de gestión y organización, que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir o reducir de forma significativa la comisión de dichos delitos.

Dicho esto, el artículo anteriormente mencionado, establece, además, una serie de requisitos que los modelos de gestión y organización para el fomento de la prevención, estos requisitos son:

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  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la organización, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a dichos modelos.
  • Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  • Imponer a la organización la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  • Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  • En último lugar, incluir una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objeto de proveerse de las herramientas necesarias para conseguir la exención o al menos la atenuación parcial de la pena, las organizaciones tienen a su alcance una serie de iniciativas, tanto nacionales como internacionales, que les ofrecen diferentes sistemas y modelos dirigidos, entre otros, a la gestión del cumplimiento legal, como la ISO 19600:2014 “Sistemas de gestión del compliance. Directrices” o la gestión de riesgos, como la UNE-ISO 31000:2010 “Gestión del riesgo. Principios y directrices”.

Ambas normativas ofrecen un marco de referencia a la hora de facilitar a las organizaciones los principios y directrices necesarios para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento normativo y del riesgo que les ayude a planificar y cumplir sus objetivos.

No obstante lo anterior y llegados a este punto, nos debemos plantear la siguiente pregunta: ¿Las directrices y principios generales son suficientes para conseguir la exención o al menos la atenuación parcial de la pena para las organizaciones?

En nuestra opinión, deberán ir acompañados de sistemas o modelos específicos, diseñados expresamente para dar respuesta a los riesgos penales que se puedan producir dentro de las organizaciones.

Nos estamos refiriendo a iniciativas como las desarrolladas por AENOR, que están enfocadas a definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de riesgos para prevenir los posibles delitos que puedan cometerse en las organizaciones.

La especificación que ha desarrollado AENOR ha tenido en cuenta las condiciones establecidas por el legislador para que las organizaciones puedan quedar exentas por los delitos cometidos por sus representantes, empleados o dependientes, recogiendo además, los requisitos identificados en el texto recientemente aprobado y que hemos mencionado al comienzo del presente artículo, facilitando con ello un sistema adaptado a las exigencias establecidas en el nuevo Código Penal.
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Para finalizar, debemos señalar que, al contrario de lo que sucede con otras normativas, la especificación de AENOR es certificable, este hecho, sin duda debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir un sistema o modelo para la gestión de los riesgos penales que se puedan producir en las organizaciones.

En nuestra opinión, que un tercero como AENOR certifique que el sistema o modelo implantado por la organización se ha adoptado y ejecutado de forma eficaz, siguiendo unos criterios definidos, probablemente será tenido en cuenta por los órganos jurisdiccionales competentes a la hora de valorar la culpabilidad de las organizaciones en cuanto al deber de control que deben ejercer sobre sus representantes, empleados o dependientes para la prevención de los delitos que cometan en su nombre o por cuenta de éstas y en su provecho.

Autor:
Enrique Peloche
Departamento de Organización y Sistemas
Prysma

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