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GESTIÓN DE ALERTAS ALIMENTARIAS. RED SCIRI

A lo largo de los últimos años se ha observado una mayor preocupación y sensibilización por parte de las empresas del sector alimentario por aspectos relativos a la seguridad e inocuidad de los alimentos, poniendo especial interés en aquellos sistemas que, con carácter preventivo, permiten mantener controlados posibles riesgos e impulsan una correcta gestión en caso de alerta alimentaria. Esto se ve reforzado con sistemas de alerta como la Red SCIRI.

Podemos observar cómo las últimas crisis alimentarias acontecidas han dejado al descubierto deficiencias tanto en los sistemas oficiales de control, como debilidades en los sistemas de reacción y comunicación interna y externa en empresas. Esto puede ser debido a la ausencia de un planteamiento global armonizado respecto a controles, carencias en la gestión de procesos, inadecuado uso de canales de comunicación con la Administración o falta de coordinación con la distribución.

En base a estas apreciaciones y con objeto de unificar criterios, se ha reforzado el marco normativo europeo con la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Reglamento (CE) Nº882/2004 sobre controles oficiales, el Reglamento (UE) 16/2011 por el que se establecen las medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápido para los Productos Alimenticios, el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor, o el recientemente aprobado Real Decreto 66/2015 por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de información y Control Alimentarios. Además, en el nuevo Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2011-2015 se marcan las pautas para el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los operadores económicos, y quedan reflejadas las actividades para el control oficial de alimentos, atendiendo a criterios de transparencia, calidad de control y cooperación entre las autoridades competentes.

Ante una alerta alimentaria, las empresas deben saber reaccionar de inmediato, poniendo en marcha medidas que eviten su propagación. Por este motivo, existe a disposición de los operadores económicos herramientas para facilitar el acceso a la información de interés, como manuales de gestión coordinada de crisis, memoria de actuaciones de SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) u otros enlaces web de ayuda.

¿Sabemos a qué tipo de alertas alimentarias podemos enfrentarnos?

Por un lado las alertas de mayor gravedad para la salud de los consumidores son aquellas transmitidas por microorganismos patógenos causantes de infecciones, intoxicaciones o toxiinfecciones alimentarias, sustancias alergénicas o por biotoxinas marinas. Por otra parte podemos considerar como alertas de gravedad menor a aquellas que son generadas por ingesta de metales pesados, aditivos, toxinas fúngicas o plaguicidas.

¿Conocemos los pasos a seguir para una eficiente respuesta en caso de alerta alimentaria?

Una situación de crisis es un caso excepcional en el que no es fácil reaccionar rápido, eficazmente y manteniendo la calma. Por ello, y con la finalidad de generar confianza a la hora de tomar decisiones y actuar correctamente, es importante tener diseñado un protocolo con las acciones preventivas y correctivas a seguir frente a una notificación de alerta.

Las notificaciones pueden tener su origen en los autocontroles realizados por parte de la propia empresa, ser consecuencia de controles oficiales efectuados en el mercado o bien ser transmitidas por parte de clientes, proveedores, consumidores, medios de comunicación, o redes de intercambio rápido de información.

Ante una notificación de alerta que pueda tener implicaciones en salud de los consumidores, el primer paso a seguir es identificar y confirmar si existe un riesgo real, así como realizar una clasificación de las alertas en base al alcance (local, nacional o internacional), gravedad, tipo de alimento afectado, población a la que va destinado y análisis de casos que hayan cursado con patologías relacionadas.

En España las alertas son tipificadas según su gravedad, siendo las de tipo I las de mayor gravedad y las de tipo IV las menos graves. En función de la clasificación que se realice, la Administración pública puede inmovilizar con carácter preventivo lotes de producto afectado y, si procede, su posterior retirada del mercado a modo de evitar que pueda llegar al consumidor final. Los productos retirados podrán ser destruidos, reacondicionados, devueltos a proveedor o devueltos al mercado en función de la situación. En los casos más graves, las empresas podrán verse obligadas al cese de su actividad y/o al cierre de establecimientos.

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Para una óptima gestión, las empresas afectadas deben poder facilitar todos los recursos materiales, económicos y humanos necesarios. Es fundamental realizar acciones de seguimiento del proceso y verificación de las causas. Será favorable además la creación de un comité de coordinación de crisis con integrantes de empresas afines, asociaciones o expertos para su participación en la recogida de información contrastada y veraz, diseño de acciones que aporten solución, coordinación y comunicación fluida entre el portavoz y la Administración, empresas afectadas, organizaciones de consumidores o medios de comunicación atendiendo a la gravedad de los hechos.

Para poder resolver eficazmente una situación originada por una alerta alimentaria se deben tener desarrolladas medidas con carácter preventivo tales como tener identificados los posibles riesgos asociados a la actividad de la empresa y sus mecanismos de control, estar en posesión de la información de contacto de clientes y proveedores, conocer el perfil de los consumidores, tener diseñado e implantado un protocolo básico de actuación, cumplir con el plan de formación continua que incluya vías de actuación en caso de alerta , así como tener un sistema de trazabilidad actualizado que permita identificar lotes de producto afectados.

Una vez se cierre la alerta, la empresa afectada debe evaluar el plan de acción seguido y las estrategias de comunicación empleadas, diseñando nuevas acciones para evitar que efectos a corto y largo plazo vuelvan a ocasionarse.

Sin embargo, a pesar de tener implantadas todas las medidas que puedan evitar una situación de crisis alimentaria, no existe riesgo cero. Por este motivo existe a nivel nacional la red de alerta SCIRI para el intercambio rápido de información, cuyo punto de contacto centralizador y coordinador es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Este sistema permite gestionar las alertas alimentarias garantizando una comunicación eficaz entre los Estados miembros, comisión europea, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Países del Espacio Económico Europeo, además de poner en conocimiento a la Red de Alerta Alimentaria Comunitaria (RASFF) y otros sistemas de alerta internacionales como la red internacional INFOSAN, aquellos riesgos graves directos o indirectos para la salud de los consumidores.

Flujo de información y notificación

Las notificaciones de alerta generadas en un Estado miembro o País del espacio Económico Europeo deben ser reemitidas con carácter inmediato a los Servicios de la Comisión mediante el RASFF. La información entrante se analiza, pudiendo ser clasificada como alerta, información preventiva, noticias o aviso rechazado, con objeto de poder seguir la línea de comunicación mediante notificación a Terceros países y a Sistemas de Alerta de Estados miembros, como el SCIRI.

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En España, las notificaciones que llegan a AECOSAN son transmitidas de forma inmediata al SCIRI, donde se valoran y en caso que se estime oportuno serán reemitidas a la Comisión Europea y/o INFOSAN. A nivel nacional, la información es comunicada desde AECOSAN a la Dirección General de Salud Pública, a las delegaciones territoriales o provinciales, y por último a los centros de salud. Cada una de las Comunidades autónomas que se vean afectadas tendrán la responsabilidad de informar de forma continua de los hechos que tengan lugar y acciones emprendidas.

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Podemos concluir que aunque la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida entre las empresas del sector alimentario, las distintas Administraciones competentes y los consumidores, cada año son más los operadores económicos que no se conforman con dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria. Por este motivo se opta por la implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria, con un enfoque preventivo, y mecanismos voluntarios de demostración de conformidad con acciones de mejora continua que minimicen el riesgo de alertas y faciliten la gestión ante una crisis alimentaria.

Autor:
Zuleica Parra
Departamento de Organización y Sistemas
Prysma

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