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ACUERDO “POST KIOTO”: SITUACIÓN DE LAS EMISIONES DE EUROPA Y ESPAÑA 2013-2020

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los principales son: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).

La Unión Europea, que ha sido especialmente activa en la concreción de este Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8 % respecto de las de 1990, aunque otorgando a cada país un margen distinto en función de todas las variables económicas y medioambientales.

En el caso de España, según el principio de “reparto de carga”, se le permitía un aumento del 15% o, viéndolo de otra manera, se limitaba el aumento de sus emisiones a un 15% con relación al año 1990.

Sin embargo, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) España ha sido, junto con Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, uno de los países europeos que ha necesitado comprar más derechos de emisión de CO2 entre 2008-2012 para compensar las toneladas de más que ha enviado a la atmósfera y poder así cumplir sus compromisos (el coste ha sido de más de 800 millones de euros). Y estamos hablando sólo del dinero gastado para compensar el exceso de emisiones de los llamados “sectores difusos”: transporte, hogares, agricultura…

Determinadas industrias también están sujetas a límites, pero en su caso funciona un régimen distinto de comercio de emisiones (en la actualidad, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones y un 45% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero). En este caso, con la crisis y la caída de la producción, la industria en general ha emitido mucho menos de lo previsto, por lo que una gran parte de las empresas afectadas han podido vender los excedentes. Esto ha supuesto una fuente de ingresos para muchas empresas, disminuyendo por la tanto la presión para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Según un inventario provisional publicado en otro informe de la EEA, España ha emitido en el periodo de Kioto (2008-2012) un 22,8% más que en 1990 (el compromiso era del 15%). Y aún podría haber sido peor, ya que la crisis ha influido en este resultado. En 2007 se llegó a emitir un 50% más que en 1990.

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Según la EEA las emisiones cayeron en 2012 con respecto 2011 principalmente por dos motivos: las reducciones en transporte e industria derivadas de la crisis económica y la creciente proporción de energía que se produce a partir de fuentes renovables.

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18sobre cambio climático), que tuvo lugar en Doha en 2012, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto: desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que ha venido llamándose como “post Kioto”. En esta “prórroga” del Protocolo, Europa se ha comprometido a conseguir una reducción de un 20% de sus emisiones en 2020 (con respecto a las del 1990), sin que haya objetivos específicos por país.

Sin embargo, en este caso, países como Japón, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda…, decidieron no respaldar la prórroga. Éstos se suman a otros países que no habían firmado inicialmente el protocolo, como China, Brasil, India o Sudáfrica. En consecuencia, los países que firmaron sólo suponen un 15% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Unión Europea, Australia, Noruega…).

Uno de los problemas que surgieron en las negociaciones fue el llamado “aire caliente”, millones de derechos de emisión asignados a los países de Europa del Este para el periodo 2008-2012, que nunca usaron debido al desplome de la pesada e ineficiente industria soviética y que fueron aprovechados por algunos países del este para venderlos a países deficitarios (por ejemplo, es el caso de Polonia, que vendió derechos a España), mientras otros, como Rusia, aún esperaban para venderlos.

El problema es que si esos millones de derechos excedentes del periodo 2008-2012 sirvieran para el periodo 2013-2020 la reducción de emisiones solo sería virtual. Según el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas,

Si el mercado [de CO2] está inundado es difícil que merezca la pena reducir las emisiones.

Ese mercado inundado de derechos ya se ha dado en la Unión Europea, por lo que la tonelada de CO2 está en mínimos (alrededor de 7 euros, muy lejos de los aproximadamente 20 euros para los que se diseñó el sistema de compraventa y del valor máximo histórico alcanzado en 2006: 30,5 euros).

El importante descenso del precio de los derechos durante el primer período de comercio 2005-2008 (0,03 euros/derecho a finales de 2007) se debió al exceso en la asignación y a que los derechos excedentes no podían acumularse para ser utilizados durante el período 2008-2012. Esto no debería ocurrir en los siguientes periodos, ya que los Estados miembros están obligados a permitir la acumulación de derechos de un período para otro.

Por último, desde el punto de vista de la industria, en este nuevo periodo, ha entrado en funcionamiento nuevas reglas para el comercio de derechos de emisión. Ya no hay planes nacionales de asignación, sino un solo plan europeo, y sólo tendrán derecho a asignación gratuita de derechos las emisiones que no provengan de la generación de electricidad. Es decir, las empresas eléctricas tendrán que comprar derechos en plataformas de subastas, mientras que todos los demás sectores recibirán una cantidad de derechos de emisión gratuitamente (aunque en general, la cantidad asignada será menor que la asignación del periodo anterior, 2008-2012). Por otro lado, entran nuevos sectores en el régimen de comercio: aviación, producción de aluminio, cobre, zinc y metales no férreos y otros ácidos y gases.

Autor:
Adriana Braña
Prysma

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